CRISIS HUMANITARIA DEL SINDICALISMO COLOMBIANO

Liliana María López
Escuela Nacional Sindical

ICTUR, publica este texto escrito por la Escuela Nacional Sindical, como un aporte mas para entender la cruda realidad por la que atravieza el sindicalismo Colombiano. Explica del porque de la crisis humanitaria del sindicalismo, hace una analisis de la problematica desde 1991, y del porque de estas violaciones en medio de un pais en guerra.

El título de la charla impone a ésta un derrotero muy claro. En ella se indagará por el significado que se atribuye a la expresión crisis humanitaria del sindicalismo colombiano, se precisarán los elementos que comporta esta crisis y se formulará un conjunto de ideas generales sobre las acciones que deben implementarse para enfrentarla adecuadamente. De antemano, se debe advertir que este derrotero puede generar confusión, pues para la mayoría de los puristas del derecho resulta hiperbólico y exagerado incluir la situación de la violación de los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados de Colombia, en las categorías asignadas por el sistema internacional de derechos humanos.

Sabemos que la situación del sindicalismo colombiano no evoca ni iguala a los campos de concentración y las muertes producidas en ellos; tampoco alude a la imagen de los desplazados, los refugiados, los pueblos incendiados, las hambrunas generalizadas y los bloqueos de ciudades producidos en los momentos bélicos y postbélicos de las viejas y nuevas guerras. En este sentido, y pasando por alto la rigurosidad pura del sistema jurídico internacional, lo primero que habría que decir es que con la tesis de la crisis humanitaria del sindicalismo colombiano simplemente se pretende nombrar la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo y con impunidad de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia.

Jurídicamente resulta forzado incluir a los 1954 sindicalistas asesinados en Colombia, en los últimos 12 años, en la categoría de crisis humanitaria que subyace a las clasificaciones tradicionales del sistema internacional. Pero al mismo tiempo, resulta ética y políticamente válido recurrir a este concepto para denominar prácticas y procesos históricos de exterminio, que incluso se asemejan a los rasgos generales del genocidio. Por ello, desde una postura esencialmente ética y política -y para nada jurídica-, nos atrevemos a señalar, incurriendo posiblemente en una inflación conceptual, que los 2000 sindicalistas asesinados, los 2233 sindicalistas amenazados de muerte, los 112 desaparecidos, los 140 secuestrados y los 1200 trabajadores desplazados, evidencian una situación en la cual lo imposible en términos jurídicos, se ha hecho posible en términos políticos; y lo impensable en términos políticos, se ha hecho real.

El uso ético y político del concepto de crisis humanitaria no es, por tanto, ingenuo o inocente. Con él se pretende, como en la mayoría de los casos en que se decreta una crisis humanitaria, atraer la atención, la actuación y la solidaridad del público y de lo público y, claro está, promover la cooperación internacional y exigir la reparación a las víctimas. Además, con el uso del concepto se pretende llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, señala que la crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas, pues se asume que ellos son una amenaza para el orden económico y político.

El segundo aspecto señala, que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra. Con esta idea se pretende poner en cuestión a ese tipo de análisis que reduce el problema de la crisis del sindicalismo colombiano a la existencia de un país en guerra. En sentido estricto, la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos y contextos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales y, en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. No puede olvidarse que en Colombia, la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral colombiano.

Para finalizar este conjunto de aclaraciones preliminares es importante anotar, además, que el uso que hacemos del concepto de crisis humanitaria no pretende señalar un punto límite en una coyuntura política particular y ahistórica. Por el contrario, nuestra intención es señalar que la crisis humanitaria de hoy, es el reflejo de un proceso histórico marcado por la persistente y sistemática vulneración de los derechos de los trabajadores, pues no puede olvidarse que tan antigua como la historia sindical colombiana, es el recurso a las armas para acallar a los líderes de las organizaciones de trabajadores y que tan variados son los responsables de esta sangrienta tradición, como diversos han sido los grupos de poder en el país. En este sentido, nuestra intención apunta a señalar que existe una crisis humanitaria como resultado de la prolongación en el tiempo de la violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados. Crisis humanitaria que evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad sindical. Y crisis humanitaria que, en la coyuntura actual, está marcada por la agudización de algunas de las violaciones a la vida y a la integridad de los sindicalistas, por la legititimación gubernamental de una cultura antisindical que desconoce a los trabajadores como interlocutores válidos para la acción política, por la aplicación de medidas legales que restringen la posibilidad de ejercer los derechos laborales y sindicales (Por ejemplo: la reforma laboral y los decretos de excepción) y por la ausencia de espacios de concertación entre empresas y sindicatos.

La presencia de la guerra como una experiencia histórica de la que todo parece derivar y la existencia de una cultura antisindical que atraviesa toda la historia del sindicalismo colombiano, obliga entonces a realizar una nueva lectura a la situación de violación de los derechos humanos de los trabajadores colombianos. Y es aquí, precisamente, donde apelamos al concepto de crisis humanitaria para denominar un conjunto de procesos particulares y heterogéneos que abarcan, de manera genérica, dos aspectos que se coimplican y dan forma a un panorama actual del movimiento sindical en Colombia: estos aspectos son: la guerra y la existencia de una profunda cultura antisindical.

Directa o indirectamente, las variaciones que presentan las cifras sobre violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país están determinadas por los cambios en los escenarios y por los desarrollos del conflicto armado -la guerra-, por la aplicación de políticas económicas que restringen o anulan derechos laborales y sindicales y por la existencia de una cultura antisindical que sigue catalogando a los sindicalistas como simpatizantes o connaturales a los grupos insurgentes.

En términos de la relación existente entre la guerra y la violación a los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, se puede afirmar que la complejidad del conflicto armado, su heterogénea intensidad y la fragilidad de los acuerdos puntuales en los procesos de negociación política, han dado forma a un escenario marcado por el progresivo deterioro de los derechos humanos de la población, en general, y de los sindicalistas en particular.

Las organizaciones paramilitares y en algunos casos las organizaciones guerrilleras se han convertido en un conjunto de instituciones que regulan, por la vía de la coerción, los conflictos laborales del país. Esto explica el por qué los métodos, las formas de acción y los eventos que caracterizan la violación de derechos humanos y laborales de los sindicalistas colombianos se asemejan, vinculan y articulan con los métodos, formas de acción y eventos propios del conflicto armado. En este sentido, los homicidios, las amenazas de muerte, los secuestros, las desapariciones, los ataques a sedes sindicales y el desplazamiento forzado al que se ven sometidos los trabajadores sindicalizados, son el resultado de la acción racional de actores armados y no armados que han aprendido a enfrentar los conflictos laborales, a través del uso de una violencia calculada que resulta funcional, en términos económicos y políticos, para el Estado y los sectores empresariales del país. De este modo, se puede afirmar que en el panorama laboral colombiano no tenemos ya a la política como la continuación de la guerra por otros medios, pues esta última aparece como la continuación y resolución de los conflictos laborales por otros medios.

Esta penetración de la guerra sobre el escenario de los conflictos laborales manifiesta la disolución y debilidad del Estado, la entrega de sus funciones de mediación a agentes privados o a organizaciones armadas fuera de la ley y, fundamentalmente, la irrupción de una vasta red de instituciones e intercambios entre organizaciones legales e ilegales que cumplen con la función de regular los conflictos laborales a través del uso de la coerción, las armas y el terror.

Complementariamente, esta penetración de la guerra sobre el mundo de los conflictos laborales puede ser ilustrada señalando algunos aspectos esenciales de lo que podría denominarse la trama lógica y cronológica de la violencia contra el sindicalismo en Colombia. Trama lógica y cronológica que presenta como puntos de inflexión centrales los siguientes hitos:

· El quinquenio 1991-1995 estuvo determinando por al guerra contra el agro y, específicamente, la guerra contra los trabajadores agrícolas del café, la coca y el banano. De este período es ilustrativa la violencia, ya denunciada en su momento, contra los sindicalistas agrupados en Sintraproaceites -en San Martin, departamento del Cesar- y contra los sindicalistas agrupados en Sintrainagro en al zona bananera de Uraba. En este último caso, las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores se encuentran profundamente vinculadas a las disputas territoriales que libraban, en ese entonces, las FARC y las Autodefensas por el control Córdoba y Urabá.

· El año de 1996 estuvo marcado por el aumento de los asesinatos de los trabajadores en Colombia. Este año presenta el mayor índice de homicidios contra sindicalistas, el mayor número de asesinatos de trabajadores en masacres y el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en el país. Concretamente, en este año fueron asesinados 284 sindicalistas en todo el país; y 105 de ellos murieron en masacres cometidas por los actores armados en la zona bananera de Urabá. Y no sobra recordar que la grave crisis humanitaria experimentada por el sindicalismo en la región de Urabá durante este año fue la consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de pacificación armada implementado por la clase polìtica en el departamento de Antioquia.

· En el año de 1997 se aprecia un proceso de ampliación del proyecto paramilitar a lo largo de la geografía nacional y, por tanto, la aparición de nuevos territorios disputados por los actores armados. El correlato de estas nuevas disputas territoriales es la ampliación geográfica de los espacios en los cuales se violaban los derechos humanos de los trabajadores y la aparición del fenómeno del desplazamiento forzado de sindicalistas. Este último aparece como instrumento importante de la estrategia de guerra implementada por los actores armados para copar territorios y ejercer en ellos actos de soberanía.

· En el período que va de 1998 al 2000, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y asesinatos de altos dirigentes sindicales. El Paro Nacional Estatal, realizado entre el 7 y 26 de octubre de 1998, presentó como balance final 9 sindicalistas asesinados, permanentes choques con la fuerza pública, intimidación a las marchas de los trabajadores y aumento de la represión.

· En el contexto general de los cambios e imbricaciones entre conflictos laborales y guerra, el año 2001 presenta un aumento de la violencia contra dirigentes sindicales, pues en ese año se reporta el mayor incide de homicidios de dirigentes con 63 casos. Paralelamente, en ese año se aprecia un aumento de la violencia de las organizaciones insurgentes contra trabajadores (especialmente a través de secuestros), la instrumentalización de los actores armados, por parte de administraciones municipales, para crear contextos de represión favorables a la aplicación de la Ley 617 -referida al ajuste fiscal de las entidades territoriales-, y el aumento de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia del proceso de urbanización del conflicto armado.

· Finalmente, esta trama cronológica muestra que en el período 2002-2003, se presentan cambios en las lógicas globales de relación entre guerra y conflictos laborales. La tregua declarada y no declarada de importantes sectores del paramilitarismo ha incidido favorablemente en la reducción de los asesinatos de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, esta cara positiva de la moneda contrasta con el aumento de las amenazas de muerte y la extensión de ellas a los familiares de los sindicalistas; con los incrementos en las privaciones de la libertad, las detenciones y los allanamientos; y con el aumentos en las violaciones de derechos realizadas por miembros de la fuerza pública (policía y ejército).

· En la ilustración cronológica que estamos presentando se debe señalar que el la última década, los sectores sindicales más afectados por la violación de los derechos humanos han sido el magisterio colombiano, en especial los profesores de primaria y secundaria del ámbito municipal; y los trabajadores oficiales del ámbito local. Los dos casos se explican por el peso preponderante que tiene el ámbito municipal dentro de las estrategias de consolidación y dominio territorial de las guerrillas y los paramilitares y, además, por la ubicación de las sedes sindicales en zonas y territorios disputados por estos actores armados. Sin embargo, ambos casos presentan elementos diferenciados. La ofensiva contra el magisterio, que reporta el 49% del total de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en los últimos doce 12 años, se encuentra relacionada con dos aspectos. En primer lugar, este sector posee altos niveles de presión política, de protesta social y de interlocución y, por tanto, ha sido un sector estratégico en las protestas contra las políticas neoliberales y de reducción del gasto social aplicadas en Colombia en la última década y; en segundo lugar, este sector cuenta con la organización sindical más importante y grande del país -FECODE-, que agrupa al 54% de los trabajadores sindicalizados del país. Por su parte, la ofensiva contra los trabajadores oficiales del ámbito local, se encuentra relacionada con la ubicación geográfica de estos trabajadores en zonas disputadas por los actores del conflicto armado y, además, por el uso y la instrumentalización que hacen las administraciones municipales, y algunos empresarios locales, de los actores armados, para que presionen a los trabajadores para que renuncien "voluntariamente a sus trabajos, liquiden "voluntariamente" sus organizaciones sindicales, y cambien "voluntariamente" algunos puntos de sus convenciones colectivas de trabajo. Los casos de Sintrasema y Sintraofan, en el departamento de Antioquia, son ilustrativos al respecto.

Los cambios generales que se aprecian en esta pequeña reconstrucción cronológica sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en términos de la disminución de los homicidios en algunos periodos, los cambios de modalidad en las violaciones, el aumento del desplazamiento y de las violaciones a la libertad, se encuentran relacionados con los cambios en las estrategias de guerra, la movilidad territorial de los actores, la resolución o disminución de las disputas territoriales armadas y la implementación de procesos de negociación o acuerdos puntuales entre alguno de los actores armados y los gobiernos de turno. En este sentido, es posible afirmar que las variaciones positivas que se presentan en algunos indicadores sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores en el país (por ejemplo: la disminución de los homicidios en 1999 y en el 2003), no son el resultado de la aplicación de políticas gubernamentales deliberadas orientadas a garantizar y proteger los derechos de asociación sindical, sino el resultado, bastante contingente, de las lógicas de acción y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto.

Incluso, ciertas modificaciones en las tendencias, en términos del deterioro en algunos derechos, son el resultado directo de la acción estratégica desplegada por el Estado cuando se generan procesos de acercamiento con las guerrillas para la búsqueda de salidas negociadas al conflicto. Una mirada global a los indicadores nos muestra que todos aquellos gobiernos que se han propuesto como objetivo conseguir la paz -o ganar la guerra-, han acompañado su discurso de voluntad de paz -o voluntad de guerra-, con un progresivo endurecimiento con los actores del conflicto económico y social que se ubican por fuera de la acción armada. El sello de las políticas de paz -o de seguridad- nos presenta, como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos centrales de resolución de conflictos laborales. Aquí resulta ilustrativo recordar las detenciones y declaratorias de restricción a la movilización ciudadana en 1998 y 1999 (año del proceso de negociación con las FARC) o, para no ir tan lejos, el aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales, en el contexto del gobierno de Alvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de TELECOM, ECOPETROL y el Seguro Social, evidencian la existencia, tal como lo recordó El Tiempo en su edición del 1° de mayo, de "un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social".

El estado de guerra que experimenta Colombia y la articulación entre el conflicto armado y los conflictos laborales no puede, sin embargo, invisibilizar el hecho de que el 88% de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas están relacionadas con sus actividades sindicales. La omnipresencia de la guerra y el hecho de que las violaciones sean cometidas, en la mayoría de los casos, directamente por los actores de ésta, pone al descubierto el problema de los métodos, pero no el de la intencionalidad. La guerra simplemente es un instrumento utilizado por diversos sectores del país -un método-, con la intención de debilitar, neutralizar y acabar con las organizaciones de trabajadores. Por eso, no resulta extraño que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos se produzcan en momentos en los cuales resuelven o terminan un conflicto laboral, es decir, durante la negociación de pliegos y convenciones colectivas y durante la realización de paros nacionales y locales.

Esta no es una violencia indiscriminada, irracional, no calculada y causal. Por el contrario, ella es selectiva, discriminada y cálculada, pues se dirige fundamentalmente contra los altos dirigentes sindicales y los dirigentes intermedios de organizaciones que tienen grandes niveles de interlocución y presión pública y política. Es el caso, por ejemplo, de aquellas federaciones de rama que juegan un papel fundamental en la definición de políticas publicas (FECODE), de aquellas centrales obreras que poseen una gran capacidad de interlocución y movilización (La Central Unitaria de Trabajadores -CUT-), y de aquellos sindicatos nacionales que operan en sectores estratégicos de la economía nacional (SINALTRAICAL, La USO, SINTRAELECOL, por mencionar sólo algunos).

Aceptar que en contextos de guerra como el nuestro existe una menor posibilidad de garantía de los derechos humanos y que, incluso, lo "normal y esperado" es que en dichos contextos los eventos, la lógica y la gramática de la guerra se traslade al escenario de los conflictos sociales y laborales, no debe llevarnos a pasar por alto que los grupos armados -en permanente negociación con grupos no armados- han acudido al desplazamiento, el secuestro, las amenazas y el asesinato de trabajadores como una estrategia calculada para acabar con las organizaciones sindicales o para presionar negociaciones. Por ejemplo, en San Alberto (Departamento del Cesar), los trabajadores de la palma fueron obligados a liquidar su sindicato y convertirlo en cooperativa; en varios municipios antioqueños los trabajadores oficiales fueron obligados a renunciar al sindicato y a su condición de dirigentes sindicales. El asesinato de Jorge Ortega y 9 sindicalistas más durante el Paro Nacional de 1998, muestran este vínculo entre violaciones de derechos humanos y conflictos laborales. Un esquema similar se aplica al asesinato, el 1° de mayo de 2003, de Juan de Jesús Gómez, presidente de la subdirectiva de SINTRAINAGRO en el departamento del Cesar. Asesinato que ocurrió en momentos en los que su organización sindical había terminado la etapa de arreglo directo con la empresa Palmas del Cesar y se preparaba para iniciar la huelga.

Estos casos son sólo una muestra arbitraria de una situación que cuestiona, con la contundencia de los hechos, aquella tesis que afirma que la omnipresencia de la guerra es la causa de todos los males del país. Con esta afirmación sólo se pretende afirmar que la solución a la crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no puede estar mediatizada por la aceptación acrítica del argumento gubernamental y empresarial según el cual, el gobierno de Colombia no es responsable directo de los actos de violación de los derechos humanos de los trabajadores, pues las dinámicas del conflicto armado le han hecho perder su capacidad de control y regulación de la vida social. Posiblemente, una tesis mucho más apegada a los hechos señalaría que en un contexto de profunda debilidad del Estado y anarquía social, la guerra ha sido, precisamente, un instrumento utilizado por sectores del Estado y sectores patronales para regular, sin resolver, conflictos que se ubican en el estricto plano del mundo laboral.

En un contexto marcado por la articulación entre la guerra y el conflicto laboral y por el antisindicalismo estatal y empresarial, resulta posible afirmar, entonces, que el sindicalismo colombiano afronta una crisis humanitaria que se resume en los siguientes indicadores: 1954 sindicalistas asesinados, 2233 amenazados, 1155 desplazados, 140 secuestrados, 112 desaparecidos y 160 víctimas de atentados en 12 años.

Y no sobra anotar que esta crisis humanitaria exige convertir la emocionada solidaridad privada en un conjunto de responsabilidades concretas y específicas. Exige, igualmente, desarrollar formas de actuar inusuales e inmediatas y posibilitar formas de aprendizajes colectivos que ayuden a la aceptación del mundo sindical y de sus organizaciones. Y estos cambios deben hacerse inmediatamente, pues no se puede olvidar que detrás de esta crisis humanitaria lo que se está poniendo a prueba es la fragilidad de nuestra noción moral de humanidad.

Desde 1987, los gobiernos colombianos de turno han enviado a sus representantes a los diferentes Foros de la Organización Internacional del Trabajo. Allí, cada gobierno ha adquirido compromisos que luego no cumple. Cada uno de ellos ha pregonado en estos foros su intención de contribuir a resolver la grave situación de las libertades sindicales en Colombia, sin embargo, la situación histórica de violencia contra el sindicalismo colombiano no ha variado mucho. Por eso, se hace necesario diseñar y desplegar acciones urgentes que vinculen, de manera rápida y decidida, a las organizaciones sindicales colombianas, al sindicalismo internacional y al gobierno colombiano, y permitan encontrar una salida y una opción de vida a los miles de colombianos que ejercen la actividad sindical en medio del temor y la vulneración permanente de sus derechos y libertades.

Esta petición por una actuación urgente y eficaz exige:

¨ Diseñar estrategias nacionales de prevención de la violencia contra el sindicalismo.
¨ Concertar y diseñar estrategias nacionales de protección
¨ Desplegar acciones específicas para la presentación ante el Sistema Interamericano de una demanda que englobe la violencia contra el sindicalismo.
¨ Desarrollar acciones conjuntas con las federaciones sindicales mundiales y los Global Unions, para presionar al sistema internacional de los derechos humanos.
¨ Universalizar los sistemas de información sobre violación a los derechos humanos de los sindicalistas.
¨ Adoptar políticas conjuntas de actuación ante la OIT;.
¨ Realizar campañas publicas de recuperación de la dignidad del derecho de asociación sindical en Colombia.
¨ Superar al interior de la cultura sindical la fragmentación y los resquemores ideológicos que nos hace discriminar víctimas y victimarios
¨ Establecer estrategias de recuperación de la memoria histórica de las víctimas para que no se nos olvide que las muertes de Fermín Amaya, José Raquel Mercado, Alirio Guevara, Jorge Ortega, Aury Sará Marrugo. no son episodios aislados de un país que cohabita con la guerra.

Finalmente, la memoria de estos compañeros y de los otros sindicalistas asesinados exige todo nuestro esfuerzo para que llegue un momento en el que no tengamos que hablar de crisis humanitaria del sindicalismo colombiano